¡Lo pararon a tiempo! Detienen a conductor con hidrocarburo ilegal en San Juan del Río

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La mañana de este sábado, lo que parecía una jornada habitual en San Juan del Río se convirtió en un operativo clave de seguridad. Elementos de la Policía Estatal (POES) lograron la detención de un hombre que conducía un tráiler con remolque tipo cisterna, en el que transportaba hidrocarburo de presunta procedencia ilícita. Los hechos ocurrieron en la zona conocida como “el trébol”, en la salida hacia la carretera federal México-Querétaro, un punto de constante tránsito vehicular.

De acuerdo con la información disponible, el conductor circulaba sobre Avenida Paseo Central con dirección a la incorporación de la autopista 57, cuando fue interceptado por los oficiales. La indicación de alto se dio de manera oportuna, obligando al operador a detener la pesada unidad debajo de un puente, metros antes de integrarse a la vía federal, evitando así que continuara su trayecto.

Al descender de las patrullas, los elementos estatales realizaron una inspección preventiva del vehículo, del cual emanaba un fuerte olor a hidrocarburo. Durante la revisión, los oficiales solicitaron la documentación correspondiente para el traslado de este tipo de sustancias; sin embargo, el conductor no pudo acreditar permisos ni autorizaciones legales, lo que derivó en su aseguramiento inmediato.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedó a disposición por posibles violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Será esta instancia la encargada de realizar las investigaciones necesarias para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

En tanto, la unidad pesada y el hidrocarburo que transportaba fueron asegurados como parte de la carpeta de investigación. Este tipo de acciones refuerzan el mensaje de vigilancia y legalidad en las carreteras del estado, recordando que el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos es un delito grave que puede alcanzar penas de hasta 17 años de prisión, además de sanciones económicas. La intervención oportuna permitió evitar riesgos mayores y reafirma el compromiso de las autoridades con la seguridad de la población.

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